DISPAREN CONTRA LOS SIN PAPELES
junio de 2001 Ley de Extranjería en España: Disparen contra los sin papeles, Sandra Gil Araujo
La primera Ley de Extranjería del Estado español se promulgó en 1985, coincidiendo con su ingreso en la UE. En aquella oportunidad, algunos preceptos referidos a los derechos de los extranjeros, como la reunificación familiar, fueron declarados inconstitucionales. Modificaciones posteriores intentaron subsanar estas carencias. El creciente número de sin papeles obligó a realizar procesos de regularización, no previstos inicialmente por la ley, en 1986, 1991 y 1996.
A finales de 1999 se aprobó una nueva ley, la 4/2000, con la oposición expresa del gobernante Partido Popular (PP). Dentro de las mejoras más significativas figuraban los derechos de salud, educación y asociación para los inmigrantes indocumentados, la previsión de un proceso de regularización automático para los indocumentados que hubieran residido y trabajado en España por más de dos años, la asistencia jurídica gratuita para los extranjeros rechazados en frontera, la obligación de justificar la denegación de visado y las multas como sanción por la falta de documentación, en lugar de la expulsión. Esta ley entró en vigor a principios de 2000. Esta norma puso en marcha una nueva regularización "extraordinaria", para la que se presentaron 246.089 solicitudes. El proceso se cerró en diciembre con 137.454 inmigrantes regularizados. La mitad de los expedientes rechazados están siendo revisados actualmente.
El Gobierno de José María Aznar presentó en junio del mismo año un nuevo proyecto de Ley de Extranjería, respaldado por la mayoría obtenida en las elecciones generales de marzo de 2000. La nueva Ley, 8/2000, fue aprobada en diciembre, con los votos en contra de la oposición.
La nueva Ley ha recortado los derechos de los inmigrantes indocumentados – eliminando los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga – y ha reimplantado la expulsión para los extranjeros sin permiso de residencia. Focaliza la atención en el control y favorece la discrecionalidad administrativa. La vía regular de acceso al mercado de trabajo continúa siendo el sistema de cupos anuales. Gracias a la cláusula de prioridad nacional, los puestos vacantes son los de menor remuneración, condiciones laborales más precarias y mayor inestabilidad: construcción, agricultura y trabajo doméstico.
Su entrada en vigor, el pasado febrero, fue precedida por la muerte de un grupo de inmigrantes ecuatorianos, que trabajaban de manera irregular en los campos de Murcia, al sur de España. La tragedia hizo saltar las alarmas de los controles del Estado, ante una situación largamente conocida y tolerada por gobierno, patronal y sindicatos. Los empresarios agrícolas suspendieron (temporalmente) la contratación de inmigrantes irregulares, por temor a las sanciones. En este contexto surgió el acuerdo entre el gobierno español y el ecuatoriano, que pretende ordenar los flujos migratorios, a través de la contratación de los potenciales trabajadores en su país de origen.
Acuerdos similares se han anunciado con Colombia y Polonia. Este tipo de iniciativa ha sido acusada, entre otras cosas, de racista, ya que hasta el momento ignora a los trabajadores marroquíes, que son, sin embargo, la comunidad más numerosa.
Esta preferencia por los trabajadores latinoamericanos –justificada por una supuesta proximidad cultural y defendida no sólo por los representantes del gobierno– no hace más que ofrecer argumentos a los prejuicios y a la discriminación que sufren los inmigrantes de origen magrebí, puestos de manifiesto en la violencia criminal desatada contra estos trabajadores el año pasado en la localidad de El Ejido (Murcia).
La nueva ley ha recibido fuertes críticas. Más de 750 entidades han presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Defensor del Pueblo. En la misma línea, los gobiernos de varias Comunidades Autónomas, como el País Vasco y Andalucía, interpusieron recursos ante el Tribunal Constitucional que han sido admitidos a trámite. En desafío a la prohibición de asociación prevista por la nueva norma, a finales de enero cientos de sin papeles se encerraron en diez iglesias de Barcelona en huelga de hambre, exigiendo una solución para su situación de irregularidad. Los encierros se repitieron en Murcia, Valencia, Almería y Huelva. En Madrid, el encierro del barrio de Vallecas convocó una manifestación el 11 de febrero, bajo el lema “Ningún ser humano es ilegal. Papeles para tod@s”, a la que acudieron cuarenta mil personas. En el festival musical organizado por la Asamblea de Encierros de Madrid en marzo pasado, se lanzó una campaña de desobediencia civil, promoviendo la autoinculpación, que cuenta con el apoyo de actores, directores y escritores, como Pedro Almodóvar y José Saramago.
Los encierros han dado lugar a la firma de distintos acuerdos de regularización en Cataluña, Murcia y Valencia. En Madrid siguen las negociaciones. Cada Comunidad ha diseñado un sistema diferente, pero todas se han comprometido a revisar los expedientes de regularización rechazados en el proceso del año 2000. Recientemente el delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández Miranda, ha reconocido que se regularizará a unas 80.000 personas a través de distintos cauces.
Según el gobierno español, uno de los objetivos principales de la Ley 8/2000, era distinguir claramente entre inmigrantes documentados e indocumentados. Contrariamente a esta visión que dibuja a legales e ilegales como colectivos diferenciados, gran parte de los inmigrantes en situación irregular entran de forma regular y luego sobrepasan el tiempo de estancia o, debido a las restricciones legales, no pueden renovar sus permisos de trabajo y residencia. La mayoría de los inmigrantes regulares han estado previamente en situación de irregularidad y viceversa.
Algunos datos sugieren que la inmigración ilegalizada, lejos de ser un efecto no querido de la legislación, es un factor fundamental para el desarrollo de ciertos sectores productivos, principalmente aquellos que necesitan mano de obra intensiva y bajos costes de producción. La falta de mano de obra legal, dispuesta a trabajar en los campos murcianos del sur español ha dejado sin recoger la cosecha de esta temporada.
La inmigración en España
Paises de origen Residentes y regularizadosa diciembre de 2000 Marruecos 194.099 Gran Bretaña 76.402 Alemania 60.828 Portugal 44.038 Francia 43.265 China 30.958 Italia 29.871 Ecuador 28.773 Rep. Dominicana 26.854 (residentes) Colombia 24.650 Argentina 18.639 Países Bajos 17.243
La primera Ley de Extranjería del Estado español se promulgó en 1985, coincidiendo con su ingreso en la UE. En aquella oportunidad, algunos preceptos referidos a los derechos de los extranjeros, como la reunificación familiar, fueron declarados inconstitucionales. Modificaciones posteriores intentaron subsanar estas carencias. El creciente número de sin papeles obligó a realizar procesos de regularización, no previstos inicialmente por la ley, en 1986, 1991 y 1996.
A finales de 1999 se aprobó una nueva ley, la 4/2000, con la oposición expresa del gobernante Partido Popular (PP). Dentro de las mejoras más significativas figuraban los derechos de salud, educación y asociación para los inmigrantes indocumentados, la previsión de un proceso de regularización automático para los indocumentados que hubieran residido y trabajado en España por más de dos años, la asistencia jurídica gratuita para los extranjeros rechazados en frontera, la obligación de justificar la denegación de visado y las multas como sanción por la falta de documentación, en lugar de la expulsión. Esta ley entró en vigor a principios de 2000. Esta norma puso en marcha una nueva regularización "extraordinaria", para la que se presentaron 246.089 solicitudes. El proceso se cerró en diciembre con 137.454 inmigrantes regularizados. La mitad de los expedientes rechazados están siendo revisados actualmente.
El Gobierno de José María Aznar presentó en junio del mismo año un nuevo proyecto de Ley de Extranjería, respaldado por la mayoría obtenida en las elecciones generales de marzo de 2000. La nueva Ley, 8/2000, fue aprobada en diciembre, con los votos en contra de la oposición.
La nueva Ley ha recortado los derechos de los inmigrantes indocumentados – eliminando los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga – y ha reimplantado la expulsión para los extranjeros sin permiso de residencia. Focaliza la atención en el control y favorece la discrecionalidad administrativa. La vía regular de acceso al mercado de trabajo continúa siendo el sistema de cupos anuales. Gracias a la cláusula de prioridad nacional, los puestos vacantes son los de menor remuneración, condiciones laborales más precarias y mayor inestabilidad: construcción, agricultura y trabajo doméstico.
Su entrada en vigor, el pasado febrero, fue precedida por la muerte de un grupo de inmigrantes ecuatorianos, que trabajaban de manera irregular en los campos de Murcia, al sur de España. La tragedia hizo saltar las alarmas de los controles del Estado, ante una situación largamente conocida y tolerada por gobierno, patronal y sindicatos. Los empresarios agrícolas suspendieron (temporalmente) la contratación de inmigrantes irregulares, por temor a las sanciones. En este contexto surgió el acuerdo entre el gobierno español y el ecuatoriano, que pretende ordenar los flujos migratorios, a través de la contratación de los potenciales trabajadores en su país de origen.
Acuerdos similares se han anunciado con Colombia y Polonia. Este tipo de iniciativa ha sido acusada, entre otras cosas, de racista, ya que hasta el momento ignora a los trabajadores marroquíes, que son, sin embargo, la comunidad más numerosa.
Esta preferencia por los trabajadores latinoamericanos –justificada por una supuesta proximidad cultural y defendida no sólo por los representantes del gobierno– no hace más que ofrecer argumentos a los prejuicios y a la discriminación que sufren los inmigrantes de origen magrebí, puestos de manifiesto en la violencia criminal desatada contra estos trabajadores el año pasado en la localidad de El Ejido (Murcia).
La nueva ley ha recibido fuertes críticas. Más de 750 entidades han presentado un recurso de inconstitucionalidad ante el Defensor del Pueblo. En la misma línea, los gobiernos de varias Comunidades Autónomas, como el País Vasco y Andalucía, interpusieron recursos ante el Tribunal Constitucional que han sido admitidos a trámite. En desafío a la prohibición de asociación prevista por la nueva norma, a finales de enero cientos de sin papeles se encerraron en diez iglesias de Barcelona en huelga de hambre, exigiendo una solución para su situación de irregularidad. Los encierros se repitieron en Murcia, Valencia, Almería y Huelva. En Madrid, el encierro del barrio de Vallecas convocó una manifestación el 11 de febrero, bajo el lema “Ningún ser humano es ilegal. Papeles para tod@s”, a la que acudieron cuarenta mil personas. En el festival musical organizado por la Asamblea de Encierros de Madrid en marzo pasado, se lanzó una campaña de desobediencia civil, promoviendo la autoinculpación, que cuenta con el apoyo de actores, directores y escritores, como Pedro Almodóvar y José Saramago.
Los encierros han dado lugar a la firma de distintos acuerdos de regularización en Cataluña, Murcia y Valencia. En Madrid siguen las negociaciones. Cada Comunidad ha diseñado un sistema diferente, pero todas se han comprometido a revisar los expedientes de regularización rechazados en el proceso del año 2000. Recientemente el delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández Miranda, ha reconocido que se regularizará a unas 80.000 personas a través de distintos cauces.
Según el gobierno español, uno de los objetivos principales de la Ley 8/2000, era distinguir claramente entre inmigrantes documentados e indocumentados. Contrariamente a esta visión que dibuja a legales e ilegales como colectivos diferenciados, gran parte de los inmigrantes en situación irregular entran de forma regular y luego sobrepasan el tiempo de estancia o, debido a las restricciones legales, no pueden renovar sus permisos de trabajo y residencia. La mayoría de los inmigrantes regulares han estado previamente en situación de irregularidad y viceversa.
Algunos datos sugieren que la inmigración ilegalizada, lejos de ser un efecto no querido de la legislación, es un factor fundamental para el desarrollo de ciertos sectores productivos, principalmente aquellos que necesitan mano de obra intensiva y bajos costes de producción. La falta de mano de obra legal, dispuesta a trabajar en los campos murcianos del sur español ha dejado sin recoger la cosecha de esta temporada.
La inmigración en España
Paises de origen Residentes y regularizadosa diciembre de 2000 Marruecos 194.099 Gran Bretaña 76.402 Alemania 60.828 Portugal 44.038 Francia 43.265 China 30.958 Italia 29.871 Ecuador 28.773 Rep. Dominicana 26.854 (residentes) Colombia 24.650 Argentina 18.639 Países Bajos 17.243
posted by Anónimo at 3:14 p. m.
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